Por Samir Zapot
El día de hoy se discuten más de 40 asuntos, pero destaca por su trascendencia una resolución que en los hechos otorga impunidad a Manuel Velasco Coello, gobernador chiapaneco, permitiéndole derrochar millones de pesos en publicidad para su campaña electoral con miras a la presidencia de la República, dando también el banderazo de salida para que cualquier funcionario público que lo desee haga una campaña de promoción personal excesiva, malversada y transgresora de la ley. Un escandaloso caso en el que los Consejeros Electorales se han declarado incompetentes para actuar y sancionar, a causa de un tecnicismo legal, esgrimido a modo de excusa.
Para quien no esté familiarizado con la “herradura de la democracia”, así es como llaman a la mesa donde sesiona el Consejo General, en ella se discutían los trabajos que realizaba el Instituto, desde lo concerniente a la organización de procesos electorales hasta las quejas por irregularidades en los comicios que ocurran a nivel federal. En la discusión participan todos, pero únicamente los Consejeros Electorales tienen derecho a voto.
El Instituto pasaba por uno de los momentos más difíciles de su historia, lo cual se hacía patente al observar que contaba con sólo 4 Consejeros Electorales en funciones, siendo 9 los que debería tener; esto sucede principalmente por la falta de voluntad política de los Diputados federales, quienes debían elegir a las personas que relevarán a los otros Consejeros, 4 de ellos que concluyeron sus respectivos periodos el 30 de octubre, además de Sergio García Cervantes, Consejero que renunció luego del escándalo por el caso Monex que puso en tela de juicio la legalidad de la campaña del actual jefe del ejecutivo Enrique Peña Nieto; sin embargo, dichos nombramientos seguían siendo agenda pendiente en el quehacer político, reflejando la falta de diligencia en el accionar de nuestros representantes en el Congreso.
En estas circunstancias, el IFE se había vuelto una caricatura, pues al no contar con los miembros suficientes para designar a un nuevo presidente, determinaron rotarse este cargo cada 3 meses. Ahora era el turno de Lorenzo Córdova.
La reserva del maestro Camerino Márquez es despachada rápidamente; la primera ronda es usada por los consejeros María Marván, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Lorenzo Córdova casi exclusivamente para felicitarse mutuamente por el trabajo realizado en haber logrado resolver 35 asuntos en un periodo muy breve; el primer indicio de que el IFE no estaba bien.
Camerino Márquez pretende elevar una multa contra el PVEM de hasta 299 mil 100 pesos, por reincidencia. La consejera Marván explica que no hay forma de comprobarlo y sus pares la secundan aprobando por unanimidad la resolución al pie de la letra.
Javier Corral toma la palabra y lapidatorio afirma: “el más imberbe de los noveles gobernadores nos propinó un escupitajo en la cara” frase que sintetiza el sentir de muchas personas que vimos con impotencia el ilegal inicio de la campaña de Velasco Coello por la presidencia de la República, con un gasto de más de 10 millones de dólares para que su rostro apareciera por todos lados, 10 millones de dólares lanzados a la basura en uno de los estados más pobres del país.
Los consejeros argumentan que no tienen competencia en este caso a pesar de la violación del artículo 134 de la Constitución, al tiempo que desestiman el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Ambos versan sobre la propaganda gubernamental, y éste último se refiere a los gobernadores y expresamente prohíbe promoverse fuera del territorio que comprende el estado que gobierna.
La reforma electoral de 2007 buscaba precisamente evitar competencias desiguales por los cargos públicos, de ahí que se prohibiera promocionar obras públicas con el rostro y nombre del funcionario, que se prohibiera a particulares contratar spots, ya que el IFE reparte entre los partidos el tiempo que el Estado tiene derecho a usar en la televisión abierta; en suma, prohíbe que se financien con dinero público las ambiciones personales; sin embargo, no es suficiente. El IFE se declara incompetente porque no existe ley reglamentaría para estos artículos, contenida dentro de la reforma electoral. El IFE se declara incompetente y turna el caso a la Comisión de Fiscalización Electoral del estado de Chiapas, órgano estatal que no tiene competencia en materia de carácter federal, desconocerá el caso porque su jurisdicción se encuentra sólo en Chiapas; pero vimos la propaganda en sitios de internet oficiales, revistas, espectaculares, parabuses, camiones y autobuses en el Distrito Federal y otras entidades.
Jorge Herrera, representante del PVEM nos receta otro escupitajo en la cara cuando defiende de forma cínica la conducta de Velasco Coello en relación a su publicidad en la revista Cambio. Herrera afirma que no hay contratación de propaganda, sino una estrategia de marketing para elevar la venta de la revista. Los mercadólogos deberían estudiar a fondo esta “exitosa” campaña, que emplea más recursos en dicha publicidad de los que se puede ganar con la venta de las revistas.
A continuación la votación definitiva. Por unanimidad, el IFE se mantiene en su resolución, ni siquiera la Unidad de Fiscalización iniciará un procedimiento para detectar el origen del dinero, sin ley reglamentaria no se atreverán a inmiscuirse. En los días siguientes Lorenzo Córdova publicará un artículo en El Universal para justificarse.
El asunto de fondo es que, aunque el IFE todavía tenía un largo trecho por recorrer hasta que se constituyera plenamente en el INE, ya habían bajado la cortina, como el aquejado condenado a una enfermedad terminal que en lugar de aprovechar sus últimos momentos en este mundo, se queda en cama esperando la fatalidad.
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